Me debo a quien me nombra.
El honor de un servidor público no consiste en obedecer siempre.
La frase la pronunció Manuel Llamas, director adjunto operativo de la Guardia Civil, ante una comisión del Senado. Hay que leerla despacio. No porque sea compleja —no lo es—, sino por su brutal claridad.
Un alto mando no es el mayordomo de un ministro. Su misión no consiste en adivinar los deseos del político de turno ni en renunciar a su criterio para conservar el sillón. Se debe a la justicia y a los ciudadanos. Quien lo nombra puede firmar su cese, pero no compra su conciencia. Sin embargo, esa distinción se desvanece cuando las instituciones son colonizadas. Entonces, el servidor público tiende a olvidar que es el depositario temporal de una función y empieza a sentirse el agraciado de una lotería personal. Aprende a ser sumiso, a interpretar silencios, a regalar sonrisas y a descifrar qué decisiones impulsan una carrera y cuáles la destruyen. Al final, el poder ya ni siquiera necesita impartir órdenes. El subordinado ha aprendido a anticiparlas.