Cada verano asistimos, con una mezcla de impotencia y resignación, al mismo espectáculo: miles de hectáreas de monte reducidas a cenizas mientras las administraciones prometen nuevas estrategias que rara vez afrontan el verdadero problema. En nombre de un ecologismo cada vez más rígido, se han ido limitando muchas labores tradicionales de limpieza y mantenimiento de los montes por considerar que alteran el equilibrio de la flora y la fauna. Sin embargo, la naturaleza no puede entenderse desde una visión exclusivamente contemplativa. Los montes necesitan gestión, prevención y cuidado constante, igual que un jardín requiere poda o un cultivo necesita ser atendido.

Durante generaciones, el medio rural supo convivir con el entorno mediante desbroces, aprovechamientos forestales, pastoreo y retirada de biomasa, actividades que hoy son vistas con excesiva frecuencia como una amenaza en lugar de como una herramienta de conservación. Mientras tanto, el combustible vegetal se acumula año tras año, convirtiendo cualquier chispa en una catástrofe de dimensiones difíciles de controlar.

Resulta paradójico que quienes afirman defender la biodiversidad terminen favoreciendo, aunque sea de manera involuntaria, las condiciones que provocan incendios devastadores capaces de arrasar ecosistemas completos. Un monte abandonado no es necesariamente un monte mejor conservado. La acumulación de matorral seco, árboles enfermos y restos vegetales incrementa el riesgo de incendios de alta intensidad que destruyen precisamente esa flora y esa fauna que se pretendía proteger. Además, el abandono del medio rural ha ido acompañado de una creciente burocracia que dificulta la gestión forestal y desincentiva a quienes todavía viven y trabajan en el campo. Los habitantes de estas zonas conocen el terreno, sus necesidades y sus ciclos naturales mucho mejor que quienes diseñan políticas desde un despacho alejado de la realidad cotidiana. Escuchar su experiencia debería formar parte de cualquier estrategia seria de prevención, en lugar de relegarla por motivos puramente ideológicos.

Quizá haya llegado el momento de replantear algunas certezas y reconocer que proteger el medio ambiente no consiste únicamente en prohibir actuaciones, sino también en favorecer una gestión responsable y sostenible del territorio. Defender el medio rural implica invertir en prevención, recuperar los usos tradicionales compatibles con la conservación y dotar de medios suficientes a quienes trabajan cada día sobre el terreno. La protección de la naturaleza no puede convertirse en una excusa para el inmovilismo cuando las consecuencias son incendios cada vez más frecuentes y destructivos. Si el progresismo continúa confundiendo conservación con abandono, corremos el riesgo de comprobar, verano tras verano, que la realidad termina imponiéndose a los planteamientos ideológicos. Porque cuando el monte arde, no distingue entre ideas políticas, especies protegidas o discursos bienintencionados: las llamas lo devoran todo, y entonces sí, como dice el refrán, “aquí va a arder Troya”.