El Consejo de Ministros ha aprobado reducirle la pena de prisión de cuatro a dos años. La expolítica de Junts recibió el castigo por cometer dos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental durante su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2018.
La medida es una de las cinco amnistías aprobadas en este último Consejo de Ministros antes del parón veraniego y en pleno momento de aplicación por parte del Tribunal Supremo de la amnistía tras el aval del TJUE a la norma.
De hecho, el alto tribunal ya ha anunciado los primeros beneficiados del perdón general: la exconsellera Meritxell Serret, así como Lluís María Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, exmiembros de la Mesa del Parlament durante el desafío independentista de 2017.